Blog: El rey va desnudo

9. abr., 2012

En los últimos días se han multiplicado las reflexiones sobre la crisis de la socialdemocracia en El Pais. Hay que destacar los artículos de José María Maravall y Ignacio Sánchez Cuenca, que constatan la creciente impotencia de la socialdemocracia para corregir desigualdades.

 

Los argumentos de Maravall y Sánchez-Cuenca has sido planteados desde una perspectiva ligeramente distinta por el politólogo Larry Bartels en Estados Unidos. Para Bartels, el problema de los gobiernos progresistas (demócratas) no han sido sus políticas, sino el comportamiento de los votantes. En Unequal Democracy, Bartels constata que los gobiernos democratas han producido mejores resultados para los grupos más desfavorecidos (incrementando las tasas de ocupación e incrementando su renta). La magnitud de las diferencias no es cuestión baladí. Bartels evidencia que durante la primera legislatura del gobierno de George W, Bush el incremento acumulado a la largo de la legislatura del las rentas reales del grupo más adinerado (percentil 95) fue del 2%. En el grupo de clase trabajadora se produjo un descenso de renta del 3%. A partir de un modelo econométrico (que evalúa el impacto del color del partido en el gobierno sobre  las variaciones de renta de los distintos segmentos sociales), Bartels estima que si Al Gore hubiera gobernado en circunstancias económicas similares, el incremento de la renta real de los hogares de trabajadores pobres hubiera sido del 4,5%, mientras que los hogares más adinerados no hubieran experimentado cambios en su renta a lo largo de la legislatura.  A pesar de ello, Bush fue reelegido.

 

Es decir, los mejores resultados económicos del partido demócrata para las clases desfavorecidas no les granjea un apoyo sistemático. Bartels aduce distintas razones, algunas muy interesantes. Sus análisis empíricos muestran que a pesar de que los gobiernos demócratas producen sistemáticamente  mejores resultados para los ciudadanos desfavorecidos en el conjunto de la legislatura, eso no suele ocurrir en el año de elecciones. Los gobiernos republicanos obtienen mejores resultados económicos en este año crucial, algo que incrementa de forma considerable sus probabilidades de reelección. El peso de los resultados económicos en este último año sobre el voto es mucho mayor que el de los años anteriores. Los votantes son “miopes”, y no hacen un balance general de la legislatura, lo que perjudica a los gobiernos demócratas.

 

Más allá de esta evidencia, Bartels constata que los votantes desfavorecidos premian a los gobiernos que benefician a los votantes más acomodados. Es más, en su decisión de voto pesan más los resultados que benefician a los sectores acomodados que los parámetros económicos que los afectan a ellos más directamente.  La visión de Bartels es bastante pesimista. Los votantes de clases desfavorecidas sucumben a la propaganda electoral que da por buenos los resultados económicos cuando los máximos beneficiarios son las clases altas. De no existir estos sesgos, el partido republicano habría perdido la mitad de las elecciones que acabó ganando.

 

En opinión de Bartels, la clave para conseguir que los votantes más desfavorecidos voten de forma consistente con sus intereses es intensificar el perfil partidista de los partidos.  A su juicio, el partido demócrata no debe eludir la confrontación directa con el partido republicano en términos de “class warfare”. La polarización ideológica les resultaría rentable. Entonces, ¿por qué no se ponen manos a la obra?

4. abr., 2012

Ayer, por fin, el gobierno hizo público como se distribuyen los recortes de los presupuestos del Estado. Tal como están las cosas no nos queda más remedio que recortar, pero "cuánto" y "cómo" es de una importancia capital. Ya anuncié en la entrada anterior que no tenía demasiada confianza en los efectos beneficiosos de recortes de la magnitud prevista en la coyuntura actual. Ahora compruebo además que los recortes son tan preocupantes como las partidas que se dejan sin recortar. Mantener intactas las pensiones (que es la parte del león del gasto social) no tiene sentido en el contexto que estamos viviendo, salvo en términos de cálculo estrictamente electoral o miedo a intensificar el enfrentamiento con los sindicatos. Ni siquiera apelando a argumentos “humanitarios”.

 

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, la población mayor de 65 años presenta tasas de pobreza más bajas que cualquier otro grupo de edad. Cuando se imputan los costes de la vivienda (teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de personas mayores de 65 años vive en una vivienda en propiedad sin cargas), la brecha con otros grupos se amplia significativamente. Con alquiler imputado, el 11,35% de las personas mayores de 65 años están en situación de pobreza, frente al 25,6% de las menores de 16.

 

http://www.ine.es/prensa/np680.pdf

 

Como ha acreditado una voluminosa literatura en ciencia política (vease, sobre todo, los trabajos de Paul Pierson), los mayores son un bloque electoral homogéneo, que castiga a los gobiernos que toman medidas contrarias a sus intereses, centrados principalmente en los programas de pensiones y sanidad (curiosamente, la sanidad sufre un recorte del 6,8%, muy por debajo de la media). Las tintas del recorte se han cargado sobre partidas de gasto destinadas a la población más joven, ya de por sí gravemente perjudicada por la crisis del empleo. Escuelas infantiles (se suprime el Plan para fomentar su creación), los programas de refuerzo educativo y formación para el empleo son algunos de los capítulos más recortados. También se reducen las becas, los recursos para estudiantes de Erasmus y se eliminan las ayudas financieras para realizar máster (la ayuda al alquiler para jóvenes se suprimió antes). Con ello se contraviene el espíritu de la Agenda de Lisboa, y la apuesta por el “Social Investment Approach”, que persigue ofrecer oportunidades en las primeras etapas de la vida para asegurar vías de integración en el mercado de trabajo y reforzar las bases fiscales de los Estados del bienestar.

 

Tras el recorte, las políticas públicas acentúan el fuerte sesgo pro-mayores que el Estado de bienestar ya presentaba en España (acreditado, por ejemplo en Julia Lynch, The Age of Welfare). Y lo hace, precisamente en un momento en que las necesidades y riesgos se concentran en las personas más jóvenes. Después habrá todavía quien se asuste cuando se agite el fantasma del conflicto intergeneracional.

http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/04/03/europes-economy-is-eating-its-young-and-things-are-about-to-get-worse/?src=rechp

 

29. mar., 2012

La introducción de medidas de austeridad es un poderoso predictor de protestas y disturbios sociales. Esta es la conclusión de un trabajo reciente de Jacopo Ponticelli y Hans-Joaquim Voth, que analiza procesos de desestabilización en 32 países europeos en el período 1919-2008. Sus evidencias sugieren que la conexión entre estas dos variables se observa en todo tipo de sociedades y regimenes institucionales, y resulta amplificada por el desarrollo de los medios de comunicación.

 

La introducción de medidas de austeridad no es el único catalizador de inestabilidad social. La desigualdad de rentas es otro. En un trabajo clásico de Alberto Alesina y Roberto Peroti, basado en el análisis de 71 países entre 1960 y 1985, se ponía de relieve que los países con mayores desigualdades presentan niveles más altos de inestabilidad. La aportación más interesante de este trabajo consiste en mostrar que la inestabilidad social generada por la desigualdad puede afectar negativamente a los niveles de inversión. Los autores creen que sus evidencias avala la necesidad de controlar la desigualdad (a través de políticas de redistribución) para eludir sus consecuencias indeseables para el crecimiento económico (algo que ya habíamos apuntado aquí)

 

Estos trabajos sugieren que resulta ingenuo desarrollar políticas de austeridad o que incrementan la desigualdad con la vana expectativa de que éstas no van a tener efectos sociales desestabilizadores. Bien lo sabía Rajoy, cuando en su diálogo confidencial con el primer ministro holandés reconocía que las medidas que iba a tomar le iban a costar una huelga general. Ahora bien, eso no lo disuadió de su propósito. Mucha debe ser la confianza de nuestro gobierno en que, a pesar de la inestabilidad social que son conscientes que van a generar, las medidas de austeridad van a impulsar el crecimiento económico a niveles que puedan compensar todas las consecuencias negativas para la economía provocadas por el nuevo escenario social creado.

 

La probabilidad de que las estimaciones del gobierno sean puro wishful thinking no es insignificante. Hay dos motivos para la desconfianza. Existen razones para dudar que las medidas de austeridad producen inevitablemente crecimiento económico, y que para llegar a él sólo hay que superar una pequeña travesía por el desierto. Un trabajo reciente de un organismo tan poco dudoso como el Fondo Monetario Internacional, basado en el análisis de medidas de consolidación fiscal adoptadas en 15 países desarrollados en el período 1980-2009, pone de manifiesto que la travesía es más dura y larga de lo que se suponía hasta ahora. Una consolidación fiscal equivalente al 1% del PIB típicamente reduce el crecimiento en alrededor de 0,5 puntos después de dos años. El desempleo aumenta en 0,3 puntos en el mismo período. Los efectos varían considerablemente, en función de una serie de circunstancias. La consolidación fiscal tiene efectos más duros cuando las tasas de interés se sitúan ya en niveles muy bajos (cerca de cero), algo que ya ocurre en el contexto actual. También son más duros cuando los gobiernos que la realizan forman parte de una unión monetaria y los bancos nacionales no tienen capacidad de depreciar su moneda. Es decir, tenemos todos los puntos para afrontar una contracción especialmente dura derivada de las medidas de consolidación fiscal, y por tanto, siguiendo los pronósticos del trabajo de Ponticelli y Voth, para ver aumentos notables de la inestabilidad social. Si a ello añadimos el espectacular incremento de la desigualdad social producido en España en los últimos tres años (discutido aquí), y su previsible aumento como consecuencia del impacto diferencial de la continuación de la crisis sobre colectivos situados en diferentes estratos sociales, es poco dudoso que el gobierno se enfrenta a un escenario explosivo.

 

El segundo motivo para dudar de las expectativas optimistas del gobierno es que los efectos económicos de la inestabilidad pueden malograr reformas bien intencionadas, diseñadas e implementadas. El problema de muchos modelos económicos formales aparentemente impecables en que se inspiran nuestros gobernantes es que no tienen en cuenta que los cambios en los parámetros económicos provocan reacciones sociales, y estas interfieren en el desarrollo esperado de las políticas, desencadenando policy feedbacks que pueden provocar resultados no esperados. Los gobiernos se muestran indecisos frente a la presión de la calle, especialmente si ésta propicia su desgaste electoral y condiciona sus probabilidades de reelección. El temor a la contestación social actúa como freno de muchos gobiernos, que terminan implementando las reformas “ a medias” o abandonando sus propósitos iniciales (como hizo, sin ir mas lejos, el gobierno de Aznar, en 2002, gozando de mayoría absoluta para sacar adelante su reforma laboral). Por otra parte, las huelgas y la conflictividad social pueden tener importantes efectos económicos. Las huelgas afectan directamente a la producción, pero éste es probablemente su coste menos significativo (puesto que buena parte de las horas de trabajo perdido se recuperan). Su impacto más notable es probablemente el deterioro de la imagen exterior de un país que provoca, la erosión de la confianza de los inversores internacionales y, en el contexto actual, el posible encarecimiento de la financiación exterior de la deuda.

 

Rajoy ya ha recibido el primer aviso de que sus reformas pueden condicionar su éxito electoral. los resultados de las urnas en Andalucía y Asturias han sido un primer toque de atención, tres meses después de una victoria electoral de magnitud insólita. Claramente menor. El seguimiento (limitado) de la huelga general no va a hacer desistir al gobierno de sus propósitos mientras pueda sostenerse en el amplio mandato electoral otorgado en noviembre. Pero ese mandato no garantiza que al gobierno no le entren dudas si la situación social se complica. Sólo los gobiernos dirigidos por tecnócratas no dudan: no aspiran a la reelección.

 

25. mar., 2012

Time Magazine dedica la portada y un artículo de su último número al libro de la periodista Lisa Mundy The Richer Sex (aquí puede escucharse una entrevista con ella en National Public Radio). En el libro se constata que el 38% de las mujeres casadas en Estados Unidos ganan más que su pareja, y pronostica que en unos cuantos años estas cifra superará el 50%. Las mujeres obtienen la mayoría de títulos universitarios (también en España), copan la mayoría de nuevos empleos profesionales, y están encaramándose crecientemente a puestos de dirección (evidencia aquí).

 

Lisa Mundy se apoya en un gran volumen de literatura sociológica que acredita considerables avances en la igualdad de género (uno de los trabajos más interesantes que discute estas tendencia es The Declining Significance of Gender?) Esas tendencias han sido propiciadas no sólo por transformaciones cultuales que alimentan las nuevas aspiraciones a las mujeres a proseguir sus estudios y desarrollar carreras profesionales, sino también por el declive de sectores industriales que absorbían buena parte de la mano de obra masculina menos cualificada. El modelo breadwinner (“ganador de pan”) que había asegurado el sustento familiar durante la segunda mitad del siglo XX ha entrado en crisis en todo el mundo occidental. En los nuevos escenarios de economía postindustrial, el bienestar material de las familias depende de la existencia de al menos dos fuentes de ingreso. En los países desarrollados, el sector servicios genera la mayor parte de empleos, y en estos nuevos entornos, han desparecido buena parte de la ventajas competitivas de las que habían gozado tradicionalmente los varones. Los Estados se han comprometido de manera creciente a combatir la discriminación y el acoso en el trabajo, y a proporcionar servicios que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar Donde el Estado no ha proporcionado esos servicios, han aparecido oportunidades para contratarlos en el “mercado” a precios relativamente asequibles para muchas familias (muchas veces a través de la explotación de mano de obra inmigrante femenina).

 

No cabe duda que persisten obstáculos que entorpecen el proceso hacia la igualdad entre hombres y mujeres. El hecho de que en 30 años, la proporción de mujeres que se han convertido en sustentadoras principales del hogar en Estados Unidos haya pasado del 27 al 38% no significa que pueda presuponerse que, a este ritmo, en los próximos 30 años vaya a alcanzarse la equidad. Hay muchas razones para pensar que las tendencias hacia la igualación se ralentizarán. Tampoco puede descartarse que en algún momento pueda producirse una regresión. Entres esos obstáculos hacia la igualdad, uno de los más importantes es probablemente la resistencia de muchos varones al cambio. El espectacular cambio que se ha producido en el mercado laboral no ha venido acompañado de un cambio de magnitud similar dentro del hogar.  Mientras persista esa asimetría, es muy probable que las mujeres sigan experimentando riesgos de “penalización” en el mercado de trabajo, derivados de la menor dedicación al trabajo provocado por su mayor dedicación a la vida doméstica (ya sea esta dedicación menor real, o simplemente un prejuicio alimentado por generalizaciones estadísticas del empleador).

 

En España, según estimaciones que realizamos Marga Marí-Klose y yo en un trabajo que presentamos en el Congreso de la FES de 2010, con datos de la ECV 2006, el 31% de la mujeres que viven en pareja eran o bien proveedoras principales del hogar (8%) o bien proveedoras igualitarias (aportaban entre el 40 y 60% de los ingresos). Es probable que estas cifras hayan aumentado en los últimos años, como consecuencia de los efectos de la crisis, que ha golpeado de manera mucho más intensa al desempleo masculino que al femenino.

 

Es muy probable que el proceso hacia la igualación en España se acelere en los próximos años. Dentro de las nuevas cohortes, hay más mujeres que varones con título universitarios (aproximadamente el 60% de los “graduados” son graduadas), y en cambio hay bastantes más varones que abandonan sus estudios de forma prematura (cerca de 10 puntos porcentuales de diferencia). La mayoría de mujeres jóvenes que viven en pareja muestran una voluntad decidida de seguir trabajando y desarrollar una carrera profesional. Esa voluntad las empuja a anteponer el trabajo a su vida familiar, ya sea posponiendo decisiones de nupcialidad o fecundidad o mostrando pocas reticencias a externalizar labores domésticas y de cuidado cuando entran en conflicto con sus aspiraciones profesionales. Si se consolidan esas tendencias, irán apareciendo con mayor frecuencia las sustentadoras principales.

 

Otro proceso que empuja en pos de la igualdad es la creciente participación de los varones en tareas domésticas y de cuidado. Si bien no hay duda que las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente buena parte de la carga doméstica, en un número creciente de hogares jóvenes la organización de responsabilidades es cuasi equitativa. Las raíces de este proceso de igualación son difíciles de rastrear. El primer síntoma de que se avecinan cambios lo encontramos en la evolución reciente de la actitud de los varones hacia la distribución de roles de género en la familia. Mientras en 1990 el 42% de los varones se decantaba por un modelo simétrico de distribución de roles de género, en 2004 el porcentaje ya ascendía al 66%. En los últimos años se ha consolidado esta tendencia. En apenas dos décadas, el modelo equitativo se ha impuesto claramente sobre el modelo tradicional.

 

Como se advierte en la tabla adjunta, basada en datos de la ESS2004, entre las generaciones más jóvenes, en el 30% de hogares  el varón realiza entre ¼ parte y la mitad de las tareas, cifras que nos sitúan al mismo nivel que los países de Centro-Europa (y nos alejan de las pautas que se observan en los países mediterráneos). La familia en que el varón no hace nada es ya minoritaria. Según un estudio que realizamos para la Fundación SM, sólo en el 20% de los hogares encabezados por parejas menores de 40 años el varón dedica a las actividades domésticas menos de una quinta parte del tiempo que su pareja.

 

El afianzamiento de estas tendencias hacia la corresponsabilización en el ámbito doméstico es el principal motor de cambio en el mercado de trabajo. Como sugiere en el País ayer la economista María Pazos  propiciar estos cambios es también una responsabilidad de las políticas públicas: “ha llegado la hora de la igualdad. Los derechos para el cuidado deben extenderse a todas las personas trabajadoras; y para ello esos derechos tienen que cambiar. Los hombres nunca se han acogido extensivamente a excedencias ni a reducciones de jornadas por cuidados; y cada vez menos mujeres están dispuestas a hacerlo (…). Eso es posible con permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%; reducción y racionalización de los horarios a tiempo completo; y universalización del derecho a plaza en la educación infantil pública desde la finalización de los permisos.”

23. mar., 2012

Acabamos de publicar para UNICEF un trabajo que analiza la situación de la pobreza infantil en Cataluña. Este es el link: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/DOCS-CRISI_I_POBRESA_INFANTIL.pdf

También hemos terminado un trabajo para la revista Panorama Social, que verá la luz en junio. Adjuntamos un pequeño extracto, en el que se describen tres lógicas discursivas para justificar las inversiones en infancia:

 

Tres son las lógicas argumentales más habituales para justificar la atención específica a la pobreza infantil.

 

a) La lógica de la justicia y la equidad

Bajo este paraguas se amparan diversos discursos. Un primero pone el acento en los derechos de la infancia. En la Convención de Derechos de la Infancia (1989), en su artículo 27, los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de bienestar  adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; y se obligan a ayudar a los padres u otras personas adultas responsables del niño a asegurar ese derecho. Sumarse a esta convención supone un reconocimiento implícito de que existe un interés social en asegurar el bienestar infantil que traspasa el interés privado de padres o familiares.

 

Desde una segunda perspectiva inscrita en esta lógica, se ha insistido en que los niños no son responsables de las situaciones socio-económicas en que les ha tocado vivir. Las situaciones de desempleo de sus progenitores o tutores, las condiciones de pobreza del hogar en que viven, no dependen (o en todo caso, lo hacen en un grado mínimo) de sus comportamientos y actuaciones personales. Haber nacido y crecer en un hogar expuesto a más riesgo social es producto del azar. A ello hay que añadir que los niños y niñas (a diferencia de otros colectivos formados por personas adultas) tienen poca capacidad para movilizarse, no pueden votar por las opciones políticas más receptivas a sus necesidades, y suelen disponer de pocas plataformas que velen directamente por sus intereses (sindicatos, asociaciones, lobbies).

 

Un tercer discurso pone el acento en el principio de equidad. Las experiencias que se viven en la infancia tienen implicaciones decisivas sobre el resto del ciclo vital. El destino de los individuos viene determinado en gran medida por vicisitudes que se experimentan en los primeros años de vida. Situaciones de vulnerabilidad en la infancia afectan negativamente aspectos determinantes para el desarrollo equilibrado de la personalidad y el progreso educativo. Desde etapas muy tempranas, el cuerpo de las personas registra experiencias sociales. Vivir en un hogar con bajos niveles de renta, en una vivienda en malas condiciones o estar expuesto a una nutrición inadecuada durante la infancia, influye sobre el estado de salud de las personas mucho tiempo después de que estas condiciones se originasen, de manera especial si tuvieron lugar durante etapas prolongadas. También influye sobre el desarrollo de aptitudes cognitivas, los resultados educativos o la proclividad a comportamientos asociales. Un volumen importante de investigaciones ponen de relieve que la posición social en la edad adulta y la exposición a diversas formas de infortunio social (desempleo, mala salud, divorcio, incluso encarcelación) están relacionadas con situaciones de adversidad experimentadas durante la infancia (Griggs y Walker, 2008).

 

 b) La lógica de la cohesión social

La segunda línea argumental pone el acento en las consecuencias sociales de la pobreza infantil. La pobreza infantil interviene en la reproducción social de desigualdades sociales. Desde este punto de vista, intervenir en las primeras etapas del ciclo vital, antes de que las principales consecuencias de la pobreza cristalicen,  es una estrategia efectiva para corregir la desigualdad social y las posibles consecuencias sociales que acarrea (deterioro de la confianza social, conflicto, violencia). El objetivo es prevenir fracturas sociales en su origen, redistribuyendo recursos en el momento en que esta redistribución resulta más rentable (e introduce menos desincentivos y distorsiones económicas).

 

Esta clase de argumentación ha sido esgrimida a menudo en favor de programas de gasto social preventivo. La lucha contra la pobreza infantil es presentada como una estrategia para reducir las distintas manifestaciones de desorganización y desviación social. Así justificaba, por ejemplo, Gordon Brown (2000, citado en Bennett 2006) nuevas medidas de lucha contra la pobreza infantil: “tackling child poverty is the best anti-drugs, anti-crime, anti-deprivation policy for our country”. En dirección parecida, la erupción episódica en los últimos años de disturbios urbanos protagonizados por jóvenes (por ejemplo, en las banlieues francesas en 2005 o en las calles de grandes ciudades británicas en 2011) ha alimentado discursos sobre la necesidad de combatir la pobreza infantil y juvenil en entornos desfavorecidos para evitar que la marginalización social, y las expresiones de antagonismo social y étnico que pueda generar, lleguen a desembocar en formas descontroladas de violencia.

 

c) La lógica de la eficiencia y la competitividad

Una tercera línea argumental enfatiza los costes económicos de la pobreza infantil, tanto para el erario público como para las economías. Se trata normalmente de un coste diferido. Los discursos sobre la eficiencia se apoyan en evidencias que demuestran que los individuos que atravesaron situaciones de pobreza en la infancia tienen un riesgo más alto de abandonar los estudios prematuramente (y, por tanto, acumulan, menor capital humano), tienden a experimentar mayores dificultades de inserción laboral y menor movilidad laboral ascendente, sufren peor salud a lo largo de sus vidas y tienen una probabilidad más alta de verse envueltos en problemas con la policía y el sistema penal. Desde este punto de vista, la agregación de estas situaciones individuales produce efectos económicos indeseables a nivel macro.

 

Las altas tasas de abandono escolar prematuro entre niños de entornos desfavorecidos refleja una capitalización social sub-óptima de su talento “natural”, puesto que en condiciones más favorables habrían obtenido mejor logro educativo (en el extremo opuesto, los hijos de las clases acomodadas peor dotados para los estudios se benefician de inversiones familiares desproporcionadas para su talento, y por tanto asignadas de forma ineficiente, para asegurar la reproducción social a través del éxito educativo). Una fuerza de trabajo con escasa preparación y aspiraciones educativas limitadas perjudica la productividad de un país, su capacidad de competir en la economía del conocimiento, y por tanto, a recorta los horizontes de crecimiento económico a largo plazo. Además, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes con capital humano escaso acarrean costes importantes al erario público, que se acumulan a lo largo de la vida, debido a los mayores riesgos que tienen de sufrir desempleo a lo largo de sus carreras laborales, la mayor probabilidad de que experimenten problemas sociales ligados a su situación laboral adversa (precariedad residencial, salud mental, adicciones, etc) y de que tengan que recurrir a servicios públicos. A todo ello hay que añadir los ingresos que dejan de producirse en al erario público como consecuencia del escaso valor de las contribuciones fiscales que realizan las personas con trayectorias educativas más cortas.

 

Una segunda fuente de cargas fiscales derivadas de la pobreza infantil son las sanitarias. El impacto negativo de la pobreza sobre la salud infantil (en forma de mayor incidencia de bajo peso al nacer, mayor frecuencia de afecciones crónicas o tasas de accidentalidad más altas) repercute de manera importante sobre el gasto sanitario, tanto a corto, como a más largo plazo. Los principales efectos de patologías que se adquieren en la infancia  y se arrastran a través del tiempo (como la obesidad), suelen presentarse en la vida adulta, y representan por lo tanto, horas perdidas de trabajo y subsidios por enfermedad, asistencia sanitaria, etc.

 

En tercer lugar, se han reseñado los costes de la pobreza infantil ligados a conductas asociales y criminales. Existe abundante evidencia que asocia experiencias de adversidad económica con la aparición de problemas de comportamiento, vandalismo y conductas delictivas (Brooks-Gunn y Duncan 1997). Los costes financieros asociados a la gestión de estos problemas pueden ser enormes, tanto por lo que se refiere a servicios sociales específicos que intervienen en estos procesos como los relacionados con los sistemas de control policial y penal.

 

Holzer et al. (2007) han estimado que, en Estados Unidos, el coste total de la pobreza infantil equivale al 4% del Producto Interior Bruto anual, del que habría que desglosar un 1,3% provocado por la disminución de la productividad y el valor añadido, un 1,3% que se puede atribuir a los incrementos de actividad delictiva, y un 1,2% relacionado con el aumento del gasto sanitario y el empeoramiento general de la salud de la población. Desde el punto de vista económico, los autores llegan a la conclusión que las inversiones en la lucha contra la pobreza resultan fiscalmente rentables, al producir retornos económicos en forma de incrementos del crecimiento económico, reducción de gastos sanitarios y de seguridad ciudadana,  amén de mejoras sensibles en la calidad de vida. En un trabajo reciente (2010), Holzer afirma que la estimación realizada en 2007 se queda corta en el contexto actual de crisis.