Blog: El rey va desnudo

17. mar., 2012

Ya comentamos en este blog algunos aspectos importantes en referencia al copago sanitario. El debate sigue vivo en la prensa y en la agenda de nuestro políticos. El Parlament de Catalunya aprobó recientemente el copago de 1 euro por receta hasta un tope de 61 euros anuales por persona. 


Pero....¿Puede el copago sanitario implantarse solo en Catalunya? ¿Puede cada comunidad autónoma decidir sobre este tema, estableciendo una tasa única por receta o, como ya proponen desde el PP de Galicia, diferenciando entre ciudadanos de altos o bajos ingresos?


El contenido de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) está regulado en el art.  20 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, y en el art. 2 del RD  1030/2006, de 15 de septiembre. Esa cartera de servicios define el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. Los fármacos son parte de ese conjunto. Es el catálogo de prestaciones del SNS el que establece las condiciones en las que los fármacos se dispensan a la población. Concretamente el Anexo V de este RD se refiere a la prestación farmacéutica, y entre otras cosas determina la participación económica de los usuarios en el coste total del medicamento recetado, y distingue entre: (1) una aportación normal que con carácter general es del 40% sobre el precio de venta al público, (2) una aportación reducida, que puede ser de un 10% en una serie de supuestos y que incluye entre otros a los enfermos crónicos, o a la medicación contra el SIDA, y (3) una exención en la aportación en supuestos concretos como ser pensionista, persona con cierta discapacidad, o recibir tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entre otros.


Pues bien, ni en este Anexo V del RD 1030/2006, ni en la Ley 16/2003 se contempla otro tipo de participación económica del usuario. Por tanto, aunque Catalunya quiera no tiene capacidad competencial para establecer un copago, y por tanto una mayor participación económica del usuario, sin que se cambien determinadas leyes, empezando por las mencionadas Ley 16/2003 y el RD 1030/2006. Pero… ¿solo hay que cambiar eso? No parece ser el caso. El propio Estatut de Catalunya del 2006, en su artículo 23 define los derechos de los ciudadanos de Catalunya en el ámbito de la salud y textualmente lee: “[…] Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública, en los términos que establecen las leyes.”. Por tanto, se reconoce el acceso gratuito a los servicios sanitarios como derecho, y se nos remite a la garantía de las leyes mencionadas como mecanismo de protección de esos derechos, entre los que se incluye la prestación farmacéutica tal como hemos visto.


Más allá de lo que se haya aprobado, su entrada en vigor prevista para este mes de Junio requerirá algunos cambios en leyes vigentes. No nos extrañe por tanto ver en los próximos meses una intensa negociación entre los gobiernos de Mas y Rajoy en este ámbito, sin descartar la participación del resto de presidentes de comunidades autónomas -como ya ha empezado hacer Nuñez Feijoo-, y el Consejo Interterritorial. Ahí es nada. 

16. mar., 2012

En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre los efectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno del PP sobre la dualidad entre contratados permanentes y temporales. Las mejores valoraciones sobre la cuestión son, a mi juicio, las entradas de Samuel Bentolila en Nada es Gratis.

 

El mercado de trabajo español tiene un marcado carácter dual. Los trabajadores con contrato fijo –insiders—han gozado hasta hace unas semanas de unos niveles de protección laboral muy elevados, que han incentivado a los empresarios a concentrar los reajustes laborales en momentos de recesión económica en los empleos de carácter temporal. Debido a esto, en España ha regido durante mucho tiempo el principio de Last hired, first fired, y las tasas de desempleo se han disparado en los períodos de crisis entre los trabajadores temporales (muchos de ellos jóvenes). La estabilidad en el empleo ha reportado a los insiders otras ventajas, principalmente salariales, al acrecentar su poder de negociación como consecuencia de los costes en que debían incurrir los empresarios si querían sustituirlos por otros trabajadores. Tener un contrato temporal en España ha comportado habitualmente tener un sueldo más bajo, menores oportunidades de formación y condiciones laborales más precarias. A todo ello hay que sumar el déficit de protección social para trabajadores con historias laborales más cortas e intermitentes en un modelo de seguridad social basado en las cotizaciones realizadas. El hecho de que los sindicatos de clase se hayan nutrido fundamentalmente de trabajadores con contrato fijo –tanto en su afiliación como apoyo electoral— ha contribuido a preservar un statu quo que segmentaba a la clase trabajadora.

 

En los últimos años se han estudiado bastante las dinámicas internas del dualismo y sus implicaciones laborales para distintos grupos sociales, pero existen menos trabajos que hayan abordado sus consecuencias políticas. Si la dualización divide a la clase obrera es de esperar que afecte a su capacidad y estrategias de movilización, y por tanto, a los resultados políticos que se asocian a esa capacidad. David Rueda, investigador español de la Universidad de Oxford, ha rastreado algunas de estas consecuencias (por ejemplo, aquí). En sus trabajos ha constatado que los gobiernos socialdemócratas tienden a apoyarse en los insiders, ignorando las demandas de los trabajadores más precarios. La existencia de una dualización significativa en el mercado de trabajo inhibe el desarrollo de políticas que favorecen a los outsiders (pero que financian los insiders mediante sus impuestos). El caso paradigmático son las políticas activas de empleo, que además, en caso de tener éxito (es decir, de mejorar la empleabilidad de los outsiders),  podrían generar para los insiders mayor competencia en el mercado de trabajo, restándoles así capacidad de negociación salarial. El elevado nivel de dualización en España se corresponde con unos niveles de generosidad en las políticas activas muy inferiores a la media de la mayoría de países industrializados. En un país con un alto grado de dualismo, el PSOE ha tendido a buscar el apoyo de los insiders, y ha sido incapaz de dar un impulso a las políticas activas de empleo.

 

En una línea parecida, José Fernández Albertos y Dulce Manzano muestran en un documento reciente que las sociedades con mercados de trabajo duales tienden a tener  Estados de Bienestar poco redistributivos. Se había argumentado hasta ahora que muchos outsiders en sociedades con mercados de trabajo duales apoyaban el statu quo porque se beneficiaban de la posición privilegiada de los insiders a través de los vínculos de apoyo familiar. Jóvenes y mujeres -–que suelen ocupar los empleos precarios— no ven la necesidad de reformar el mercado de trabajo si con ello se exponen a perjudicar al sustentador principal del hogar --cuyo contrato fijo es garantía de bienestar para los miembros más vulnerables de la familia. Las expectativas de apoyo familiar restan urgencia a las reivindicaciones contra el dualismo.

 

Los análisis de Fernández Albertos y Manzano evidencian que en los países con mercados de trabajo duales, la capacidad que el Estado tiene de reducir pobreza a través de las transferencias públicas es muy reducida. Esto se debe a  que el modelo de seguridad social es poco progresivo en merca­dos laborales dualizados, al favorecer de manera desproporcionada a los asala­riados con historias laborales continuas: “En mercados duales, por tanto, un sistema de seguridad social que exija un periodo mínimo de contribución para ser beneficiario y fije el monto de las transferencias de manera proporcional a los ingresos durante la vida laboral, protege especialmente a los in­siders --quienes han podido cotizar a la seguridad social de forma sostenida y man­tener salarios más altos-- y penaliza a los trabajadores con ingresos más bajos e his­torias laborales más precarias. Así cuanto mayor es el grado de división de la clase trabajadora (mayor grado de dualismo), menos redistributivos serán los programas de seguridad social y, por ende, el Estado del Bienestar (pag. 9).

 

En países con un alto grado de dualismo, donde el Estado del Bienestar tiene un carácter menos redistributivo, se atenúa también la relación entre el apoyo al Estado del Bienestar y la defensa de la redistribución. Como la intervención del Estado del Bienestar protege a los insiders, las clases más desfavorecidas se muestran menos interesadas en la intervención pública, puesto que no se benefician de esa expansión (al ser poco progresiva). En estos países, el desarrollo del Estado de bienestar, configurado conforme al modelo de seguridad social, refuerza los privilegios de los insiders. Esto se comprueba claramente en España, donde los grupos más acomodados –formados en gran parte por insiders--- tienden a apoyar la expansión del Estado de bienestar más que las clases más desfavorecidas (aunque se muestren contrarios a la redistribución).

26. feb., 2012

María Bruquetas, Javier Moreno y yo acabamos de publicar el artículo "Inmigración, crisis económica y Estado de bienestar en España" en la revista Documentación Social. Para abrir el apetito de posibles lectores del artículo, os adjunto unos fragmentos sobre un tema esencial, la relación de los inmigrantes con el mercado de la vivienda:

 

Entre los retos de integración de la población inmigrante a los que se ha enfrentado nuestro país durante los años de expansión económica se encuentra, sin duda, la provisión de viviendas. La llegada masiva de población inmigrante alimentó la demanda, especialmente en el mercado de alquiler, poco dinámico en un sistema con un fuerte predominio de la vivienda en propiedad. A ello hay que añadir el hecho de que, desde su llegada a España, muchos de estos inmigrantes han cambiado varias veces de vivienda y de régimen de tenencia, conformando trayectorias residenciales relativamente complejas comparadas con las de la población autóctona. Según datos dela Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) realizada en 2007, una cifra bastante elevada de inmigrantes (71%) había cambiado de vivienda desde que llegó a España. Esto convierte a las personas de origen inmigrante en un colectivo especialmente vulnerable en un contexto de escaso desarrollo de políticas de vivienda. La práctica inexistencia de políticas de promoción de viviendas en alquiler ha condicionado las elecciones residenciales realizadas por las familias de origen inmigrante, abocándolas a alquilar viviendas en precarias condiciones de habitabilidad, así como a adoptar decisiones de compra que entrañaban elevados riesgos financieros.

 

La capacidad financiera de la inmensa mayoría de las personas que llegan a España excluye la compra de una vivienda, al menos en una primera etapa del proceso migratorio. Así, la mitad de las personas de origen extranjero han accedido a su primera vivienda a través de un alquiler. La otra mitad se distribuye en un amplio abanico de opciones: algo más del 25% vivieron en situación de cesión gratuita, con familiares o amigos, o en espacios cedidos por la empresa para la que trabajaban; un 11,5% vivía en realquiler, confinados a espacios dentro de viviendas compartidas con el propietario u otros inquilinos; y tan sólo el 4% accedieron a su primera vivienda en régimen de propiedad (fundamentalmente personas con alto poder adquisitivo, procedentes en su mayoría de países desarrollados).

 

Es llamativa la reducción paulatina de la brecha entre inmigrantes y autóctonos en el porcentaje de personas que viven en una vivienda de la que son propietarios. En 2007, la proporción de propietarios alcanzaba el 12,1% entre los inmigrantes que llevaban hasta 4 años en España, 29,4% entre los que llevan entre 5 y 9 años en España, y el 60% entre los que llevan más de 10 años. Estos datos sugieren que un número considerable de personas inmigradas han tenido acceso a fuentes de financiación para sufragar la compra de una vivienda. Significa también que muchos de ellos han tenido que hacer frente al pago de la vivienda en un contexto de encarecimiento de este bien, incurriendo en altos niveles de endeudamiento.

 

Las decisiones de compra de estos nuevos propietarios han venido determinadas tanto por las facilidades insólitas para obtener financiación en un período de expansión económica y del crédito, como por  las expectativas optimistas de revalorización inmobiliaria. Pese al acentuado incremento del precio absoluto de la vivienda experimentado durante estos años, la compra de este bien se antojó, tanto para inmigrantes como para autóctonos, como la opción residencial óptima. Las razones para ello eran poderosas. Según estimaciones que tienen en cuenta el rédito teórico que un arrendatario recibía por la cantidad que tendría que haber destinado al pago de entrada de una vivienda en caso de haberla comprado, así como las desgravaciones fiscales existentes, la compra de una vivienda resultaba (en el período 1999-2007) menos costosa anualmente que el pago del alquiler de una vivienda de similares características, aún sin introducir en el cálculo las expectativas de revalorización (CES 2002, Trilla y Joffre 2009). A estas condiciones favorables a la compra, hay que añadir la práctica universalización del crédito. En un contexto de bonanza laboral y bajos tipos de interés,  las posibilidades de financiar la compra de vivienda a través de crédito hipotecario se expandieron, abriendo vías de acceso a la propiedad a franjas de la población tradicionalmente circunscritas al mercado de alquiler. Gran número de personas inmigrantes (al igual que muchos autóctonos que hasta esa fecha no habían podido permitirse el acceso a una vivienda en propiedad) optaron por convertirse en titulares de hipotecas,  sorteando sin excesivas dificultades los laxos requisitos de acumulación previa de capital (para financiar la entrada una vivienda) y de solvencia económica exigidos por las entidades financieras.

 

Lo que a corto plazo se antojaba como la decisión más razonable, a medio plazo ha abocado a muchos hogares inmigrantes a situaciones de considerable vulnerabilidad residencial, que han agravado otros riesgos de exclusión social. Como hemos señalado anteriormente, el contexto de crisis ha debilitado la capacidad económica de muchas de estas familias, disparando hasta límites difícil de asumir el esfuerzo financiero que deben realizar para conservar su vivienda. De acuerdo con las evidencias obtenidas a partir dela ECV2009, en los hogares de una de cada tres personas nacidas fuera dela UE-25se destina  más del 40% de la renta total del hogar al pago dela hipoteca. Unporcentaje similar reconoce que en el hogar se han producido retrasos en el pago de la hipoteca en el último año. El incremento en la prevalencia de situaciones críticas es muy importante, y no tiene parangón en ningún otro segmento poblacional. Con las encuestas y las muestras disponibles es difícil anticipar las consecuencias que imponen los elevados costes de la vivienda sobre el bienestar material de las familias de origen inmigrante, ni determinar cuántos perderán sus viviendas, pero cabe esperar que en los hogares para los que los gastos financieros de la vivienda representan una carga importante, puedan presentarse con el tiempo otras formas de vulnerabilidad residencial relacionadas con las condiciones de la vivienda, su adecuación a las necesidades de las familias y toda una serie de incertidumbres sobre su futuro residencial.

 

En este sentido, la crisis ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias y expulsiones de  viviendas de inquilinos morosos. Las estadísticas sobre sentencias  por falta de pago en arrendamientos urbanos y de las ejecuciones hipotecarias publicadas por el Consejo General del poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística no permiten estimar en qué medida los incrementos notorios de la inestabilidad residencial se están concentrando en los hogares inmigrantes, pero algunos datos de carácter micro apuntan en esa dirección. Enla ECV2009 se preguntaba a los entrevistados sobre expectativas de cambio de vivienda en los seis meses siguientes a la entrevista y las motivaciones que había detrás de estos cambios. El 0,9% de la población (416.000 personas) anticipaban perder su vivienda como resultado de un abandono forzoso. Si ceñimos el análisis a la población extranjera podemos comprobar que el 6,6% de este colectivo (196.000 personas) preveía encontrarse en esta situación en 2009, es decir, el 47% de las personas que anticipaban encontrarse en esta situación. En la mayoría de los casos, el abandono forzoso de la vivienda supone mudarse a otra vivienda más asequible pero que probablemente se encuentre en peores condiciones de habitabilidad, o no satisfaga adecuadamente las necesidades de los residentes. Esto significa que, junto a los inconvenientes, costes y problemas que genera el proceso de expulsión y traslado a una nueva vivienda, muchas de las personas abocadas a esta situación experimentan un empeoramiento de sus condiciones residenciales, que en casos extremos, puede empujarlas a la infravivienda o el “sin-hogarismo”. Evidencias como éstas acreditan el fuerte impacto que la crisis esta teniendo en el colectivo inmigrante. Los efectos laborales y residenciales de la crisis están erosionando las principales bases de integración social de un modelo que, aún presentando déficits importantes en la provisión pública de bienestar, había garantizado a las personas extranjeras empleo y había alumbrado expectativas de mejora residencial y acumulación patrimonial.

 

20. feb., 2012

Hace dos días El País nos anunciaba que las rentas empresariales superaban por vez primera a las rentas salariales en España. En 2011, la renta de los asalariados solo se llevó el 46% de la tarta del valor añadido, mientras la porción de las rentas empresariales en el PIB fue por primera vez mayor, un 46,2%. Estas cifras representan la culminación de un cambio histórico. En el arranque de los ochenta, la remuneración conjunta de todos los asalariados equivalía al 53% del PIB español, mientras que el excedente bruto de explotación (que incluye rentas empresariales y de profesionales autónomos) se quedaba en el 41%. Los impuestos a la producción eran el destino del 6% restante.

 

Estas cifras evidencias otra cara del fenómeno de aumento de desigualdad analizado en este blog en diversas ocasiones (especialmente aquí). Pero hoy mi intención no es ocuparme de las causas de este proceso. Tampoco de las consecuencias individuales de experimentar un entorno de adversidad, otro de los temas más recurrentes en este blog (por ejemplo, aquí). Me quiero ocupar de las consecuencias colectivas de vivir en una sociedad con niveles elevados de desigualdad. En un contexto en que la desigualdad ha aumentado, y existen sospechas fundadas de que seguirá aumentando (es el precio que aparentemente debemos pagar para ser competitivos y crear empleo), es buen momento de poner sobre la mesa los efectos de la desigualdad.

 

Hace dos años, los epidemiólogos Richard Wilkinson  y Kate Pickett publicaron un estudio que se ha convertido en un best-seller académico, The Spirit Level,  que amasa un volumen ingente de correlaciones que evidencian una relación estrecha entre la desigualdad económica en una sociedad y toda clase de indicadores de bienestar social. Según los datos que presentan Wilkinson y Pickett las sociedades más desiguales en el mundo desarrollado (Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal) tienden a producir más problemas sociales, desde problemas de salud (adicciones, obesidad, mala salud infantil) y educativos (altas tasas de abandono escolar prematuro) hasta mayores niveles de violencia (homicidio). Son sociedades con niveles más bajos de confianza social y un número más elevado de personas encarceladas. En estas sociedades, los niveles de bienestar (se midan como se midan) suelen ser más bajos que en las sociedades más igualitarias (los países escandinavos). Por si fuera poco, se trata de sociedades que no cuidan su medio ambiente (reciclan menos), e innovan poco (tienen, en términos relativos, menos patentes propias por habitante). Los resultados de Wilkinson y Pickett no evidencian causalidad, ni posiblemente controlen adecuadamente por variables que intervienen en las relaciones que observan. En realidad, sólo muestran que el nivel de desarrollo del país (el GDP) no explica cómo se distribuye el bienestar entre sociedades, y apenas influye sobre las asociación entre desigualdad y los indicadores examinados. Ahora bien, el hecho de que un número tan elevado de correlaciones apunten en la misma dirección invita a analizar que hay detrás de la asociación negativa entre desigualdad y los indicadores de una “buena sociedad”.

 

Los análisis politológicos también demuestran que existe una relación entre la desigualdad económica y el grado de interés en la política, los niveles de participación en actividades de carácter político y, en especial en las elecciones (por ejemplo, este estudio). En sociedades muy desiguales se resiente  la intervención en política de los grupos más desfavorecidos, lo que contribuye a marginar sus intereses. La desigualdad dificulta que cuestiones que preocupan a las clases desfavorecidas ocupen la agenda pública. Ante esta situación, estos grupos pierden interés en la política convencional y pueden terminar desarrollando actitudes fatalistas, convencidos de que es imposible cambiar nada participando en la esfera de la política. La implicación de este hallazgo es que, en situaciones de desigualdad, las clases desfavorecidas conceden a las clases más acomodadas un margen muy amplio para lograr que sus intereses prevalezcan. Es decir, la desigualdad sesga los sistemas políticos democráticos en beneficio de las clases acomodadas, que al promover más activamente sus preferencias, pueden de nuevo, contribuir a reproducir e incluso incrementar los niveles de desigualdad.

 

Por último, los economistas están descubriendo las desventajas que la desigualdad tiene para la eficiencia. La inmensa mayoría de los economistas reconocen que cierta desigualdad es necesaria para el crecimiento económico. Pero algunos están advirtiendo que un nivel excesivo de desigualdad puede condicionar en sentido sub-óptimo la toma de decisiones y distorsionar los mecanismos de asignación eficiente que realiza el mercado. El prestigioso economista de Harvard Lawrence Katz ha argumentado que, por un lado, niveles elevados de desigualdad restan a los grupos más pobres capacidad para invertir de forma óptima en su educación y en la de sus hijos. Es un argumento al que hemos prestado cierta atención en la anterior entrada. El segundo argumento de Katz es que en sociedades muy desiguales, las élites económicas disfrutan de una capacidad excesiva para comprar voluntades y conseguir favores y contratos, utilizando mecanismos que distorsionan las dinámicas de mercado (cortejando a políticos, financiando sus campañas, incurriendo en prácticas oligocopolíticas y eludiendo la acción de los tribunales,  etc). En unos tiempos como los que estamos viviendo,  en que los Estado se han apresurado a socializar las pérdidas de grandes grupos financieros para rescatarlos del colapso al que se veían abocados, la hipótesis de Katz cobra relevancia. La tarea que deben imponerse los economistas que encuentren persuasiva esta hipótesis es demostrar en qué condiciones la ineficiencia económica provocada por una desigualdad elevada excede las ventajas que procuran niveles moderados de desigualdad.

15. feb., 2012

Hace tres días, tuvimos la oportunidad de comentar el nuevo libro de Murray, que atribuye la desigualdad económica creciente a un divorcio cultural entre clases altas y bajas. Las críticas a la tesis se suceden, y la mayor parte, tienen poderosos motivos para atacar a Murray. Pero no cabe duda que Murray ha acertado con el tema del momento: el aumento de la desigualdad.

 

Unos meses antes de la publicación del trabajo Murray, un grupo selecto de sociólogos  sacaron un análisis exhaustivo de las desigualdades educativas en Estados Unidos, centrado tanto en sus raíces (en los entornos familiares, escolares, vecinales y laborales) como en su evolución en las últimas décadas. El primer capítulo del libro, Whither Opportunity?, se puede consultar aquí.

 

Uno de los capítulos más interesantes es el de Sean F. Reardon (Stanford University), que pone de evidencia que la brecha en resultados en test estandarizados de estudiantes que provienen de entornos acomodados (situados en el percentil 90 de renta)  y desfavorecidos (en el percentil 10) ha aumentado en un 40% desde la década de los 60.

 

Las concomitancias con la tesis de Murray son bastante evidentes. Detrás del divorcio cultural hay una brecha educativa considerable y creciente.  En otro capítulo, Martha J. Bailey y Susan M. Dynarski evidencian una brecha creciente en el logro de títulos superiores entre los hijos de clases acomodadas y los hijos de clases desfavorecidas (ver el Gráfico). Las tasas de graduación en estudios superiores de los hijos de las clases altas habían crecido 21 puntos porcentuales (desde el 33% al 54) entre los primeros años de la década de los 60 y los primeros años de la década de los 80. En el mismo período, el incremento de las tasas de graduación de los estudiantes de las clases más desfavorecidas había sido sólo de 4 puntos (del 5 al 9%). Especialmente destacado es el salto en la graduación de las chicas de clases acomodadas: la proporción que se gradúa en estudios superiores pasa del 33 al 60%. Bailey y Dynarski evidencian que en el polo opuesto, los varones de clases desfavorecidas, han visto como sus tasas de graduación han retrocedido. Es decir, en las últimas décadas, la interacción entre género y clase social ha producido resultados educativos significativos. A este último tema dedicaremos muchos análisis en este blog, puesto que es  una cuestión que estamos estudiando en un proyecto financiado por la Fundación Areces tres investigadores de GRISA (Marga Marí-Klose, Álvaro Martínez y yo mismo).

 

Pero volvamos a las evidencias sobre la evolución del logro educativo. ¿Son los resultados obtenidos en Estados Unidos relevantes para entender lo que sucede en España? Sí y no. En principio, en nuestro país no se advierten evoluciones diferenciadas en el logro educativo por clase social. Existe una brecha importante en el logro educativo de hijos de grupos sociales situados en diferentes estratos sociales, pero ésta no ha aumentado en los últimos años (aunque tampoco ha disminuido). En el Informe de la Inclusión Social en España 2009 constatábamos que la proporción de hijos de padres con estudios primarios inacabados que tienen titulación universitaria (ciclo corto y largo) ha pasado del 5,6% al 20% entre la cohorte nacida en la década de los 40  y la cohorte nacida en los 70 . Por su parte, la proporción de personas que han alcanzado titulación universitaria entre hijos de padres con titulo universitario había pasado del 58% al 73%. Es decir, observamos incrementos bastante equilibrados en ambos grupos sociales (de unos quince puntos), y el mantenimiento casi intacto de la brecha.

 

Eso no significa que los datos evidenciados en Whither Opportunity no merezcan mucha atención en España. Unos de los argumentos en varios capítulos del libro es que las desigualdades educativas se relacionan con prácticas parentales, y que existe una creciente diferenciación de las prácticas parentales de grupos sociales situados en diferentes estratos sociales. Los progenitores que provienen de las clases sociales acomodadas dedican una parte más importante del tiempo compartido con sus hijos a actividades que favorecen su maduración intelectual  (leen con ellos, hacen manualidades, visitan museos, etc. ) y disponen de más recursos para invertir en experiencias que estimulan sus capacidades cognitivas y otras habilidades (clases de música, idiomas, campos de verano en el extranjero, etc).

 

En este sentido, los progenitores de familias acomodadas norteamericanas no son muy diferentes a los que encontramos en España. En Infancia y Futuro, Marga Marí-Klose, Elisabeth Vaquera, Solveig Cunningham Argeseanu y yo, tuvimos ocasión de estudiar prácticas parentales  entre progenitores que provenían de distintos entornos sociales. En este estudio constatamos que un número importante de progenitores han cobrado conciencia del papel decisivo que pueden jugar en la educación de sus hijos. Pero, por ejemplo, mientras en dos de cada tres hogares donde las madres tienen estudios universitarios, alguno de los progenitores lee o cuenta cuentos diariamente a sus hijos, esto sucede con menor frecuencia en los hogares donde la madre tiene estudios primarios (49% de los entrevistados). En los hogares acomodados, donde ambos progenitores suelen trabajar fuera de casa, la atención intensiva a los hijos tiende a concebirse como una actividad compartida, que compromete a ambos progenitores, lo que compensa las presiones de tiempo que experimentan, asociadas a las responsabilidades laborales. Los segmentos sociales con mayores recursos económicos y educativos están capitalizando  sus ventajas culturales y económicas para favorecer el éxito educativo de sus hijos. Este proceso puede conducir al ensanchamiento de las brechas educativas asociadas a prácticas parentales, en la dirección apuntada en Estados Unidos.